Más de un año después del asesinato de Willy David Pérez Quiroz, su familia continúa buscando respuestas sobre lo que ocurrió antes de su muerte. El dirigente comunal, que durante años trabajó por las comunidades del barrio Olaya Herrera, en Cartagena, había denunciado amenazas contra su vida y la de sus familiares. Sin embargo, todavía existen interrogantes sobre las actuaciones que adelantaron las autoridades tras conocer esas denuncias y si llegó a recibir algún tipo de protección.
Willy Pérez, de 45 años, era presidente de la Junta de Acción Comunal del sector Zarabanda, en el barrio Olaya Herrera. Fue asesinado el 19 de julio de 2025, en el sector de La Concordia, en cercanías a Turbana, Bolívar. Su muerte ocurrió casi dos años después de que acudiera a la Fiscalía para denunciar que estaba siendo amenazado.
Erick José Urueta Benavides, abogado, representante de Veeduría a la Rama Judicial de Cartagena y quien ha acompañado a los familiares del dirigente, explicó a este medio que la Fiscalía había solicitado a la Policía Judicial realizar varias diligencias para investigar las amenazas, entre ellas entrevistar a Willy Pérez, establecer las circunstancias de las intimidaciones e identificar a los posibles responsables.
Sin embargo, según Urueta, las explicaciones entregadas hasta ahora por las instituciones no permiten determinar qué ocurrió con aquella instrucción.
“Encontramos que la Fiscalía dice que envió la orden, la Policía dice que no le llegó la orden de Fiscalía y ahí se convirtió en una tramitología”, manifestó.
Tribunal ordena a la Policía responder a la familia
Ante la falta de claridad sobre las actuaciones adelantadas, Yorlys Pérez Quiroz, hermana del líder asesinado, y Erick Urueta acudieron a una acción de tutela para obtener información sobre el trámite de la orden de Policía Judicial y las posibles medidas de protección adoptadas antes del homicidio.
De acuerdo con el abogado, el caso llegó a segunda instancia después de que un juzgado de Cartagena negara inicialmente la solicitud de amparo. Posteriormente, la Sala Penal del Tribunal Superior de Cartagena ordenó a la Policía Metropolitana responder de fondo a los requerimientos presentados por la hermana de Willy Pérez, según lo revelado por Urueta.
La familia busca conocer si la orden de investigación fue recibida y ejecutada, cuáles diligencias se adelantaron, si hubo una valoración del riesgo y qué medidas preventivas se dispusieron para proteger al dirigente y a su núcleo familiar.
“Es necesario que la Policía diga si efectivamente recibió o no la orden de la Fiscalía, porque hoy la Fiscalía dice que la envió y la Policía dice que no la recibió”, sostuvo Urueta.
El abogado aseguró que, de persistir esa situación una vez vencido el plazo judicial, que sería de 48 horas, evaluarían promover un incidente de desacato.
Además de acompañar jurídicamente a la familia, Erick Urueta conocía personalmente al líder comunal y había trabajado con él en asuntos relacionados con las necesidades de su comunidad, días antes de su asesinato Willy habría conversado con el abogado sobre el temor que sentía por su vida.
“Él me llama un viernes o jueves y me dice: necesito reunirme contigo porque siento temor por mi vida. Yo le di cita para el día lunes y a él lo asesinan el día sábado”, relató.
Urueta señaló que Willy había continuado participando en procesos comunitarios, aunque las amenazas lo habían obligado a manejar algunos asuntos de su barrio desde la distancia.
La investigación por el homicidio continúa abierta
Según explicó el abogado, la investigación relacionada con las amenazas denunciadas en 2023 fue vinculada posteriormente al proceso penal que se adelanta por el homicidio de Willy Pérez, con el propósito de examinar ambos hechos de manera conjunta.
Urueta también señaló que la familia busca esclarecer si se habían dispuesto patrullajes preventivos y otras medidas de seguridad, y si estas llegaron a ejecutarse.
Por ahora, no se ha establecido que la Policía hubiera incumplido sus obligaciones ni que una eventual omisión de las autoridades tuviera relación causal con el asesinato. La decisión judicial se concentra en garantizar que la hermana del dirigente reciba una respuesta de fondo sobre las actuaciones solicitadas.
El abogado indicó que, dependiendo de las explicaciones y de los elementos que puedan obtenerse, la familia evaluará acudir a las autoridades disciplinarias y de control para determinar si existen responsabilidades por establecer.
“Nada de lo que hagamos nos va a devolver a Willy, pero sí vamos a dejar un precedente, porque esto manda un mensaje a lo que las autoridades deben hacer frente a la protección de los líderes y de las personas que denuncian”, expresó Urueta.
Mientras continúa la investigación por el homicidio, la familia de Willy Pérez espera conocer qué ocurrió con las advertencias que hizo en vida y cuáles fueron las actuaciones de las autoridades durante los casi dos años que transcurrieron entre su denuncia y su asesinato. Además Urueta a señalado la revisión especial que se debe hacer a las solicitudes de seguridad que vienen de lideres sociales y en muchas ocasiones son prorrogadas por tramites o ignoradas
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