Los dos sujetos señalados de asaltar y agredir en Cartagena a una turista en las inmediaciones del cerro de La Popa, entre ellos un adolescente de 17 años, recuperaron su libertad en menos de 24 horas después de su captura.
A pesar de la rapidez de la intervención de la Policía Metropolitana de Cartagena y de la existencia de un video que registró el momento en que la mujer fue arrastrada para quitarle sus pertenencias, la ausencia de una denuncia oficial por parte de la víctima impidió la continuidad del proceso de judicialización.
Este desenlace ha provocado un debate entre las autoridades nacionales y locales sobre la efectividad del sistema penal y los procedimientos de seguridad en la capital de Bolívar.
MinJusticia se pronunció
El ministro de Justicia y del Derecho, Jorge Iván Cuervo, explicó desde la capaital de Bolívar que, la liberación de los capturados no responde a una negligencia de los jueces sino a una limitación estructural de la ley penal colombiana frente a casos donde no existe soporte probatorio o denuncia del afectado.
"Un juez de control de garantías le llevan un caso que no está suficientemente soportado y, como su nombre lo indica, tiene que ejercer control de garantías y dice: 'qué pena, pero tengo que dejarlo en libertad'. Las personas no las pueden privar de su libertad sin fundamento probatorio sólido", manifestó el ministro Cuervo.
El funcionario añadió que, al no concretarse el robo, el hecho se tipifica como tentativa, lo cual, sumado al sistema de beneficios para menores, dificulta la imposición de medidas de aseguramiento. "Habría que ver si por lo que vi en redes que el delito no se habría consumado y entonces eso se entiende como en grado de tentativa y el grado de tentativa significa que la persona pues no va a ser objeto de medida de aseguramiento", precisó.
La indignación ciudadana
Frente a la indignación colectiva por la salida de los implicados de las celdas de detención, el ministro Cuervo defendió un cambio de paradigma, alejándose del aumento de cárceles como única solución. El jefe de la cartera de Justicia señaló que el modelo punitivo actual es "ineficaz" y "agotado".
"Tenemos que pasar del enfoque punitivo al enfoque restaurativo. Ese modelo está agotado... esa idea de que entonces a todo mundo hay que meterlo a la cárcel y a los jóvenes, entonces lo que hay que pensar es en el contexto social de dónde vienen estos muchachos", subrayó. Según el ministro, la prioridad del sistema debería ser la reparación del daño mediante audiencias y que se propongan formas de resarcir a la víctima.
Tras conocerse los detalles de lo ocurrido, las críticas no se hicieron esperar. El concejal, Javier Julio Bejarano, por su parte, señaló que las liberaciones son consecuencia de priorizar la visibilidad en medios sobre el rigor de los procedimientos legales.
"Esto sucede cuando se gobierna para las cámaras y el show, y no para obtener verdaderos resultados. La función de los secretarios y directores de la Seguridad de la Alcaldía no es regañar a nadie; es hacer bien los procesos y dejar que los operadores de la justicia hagan su trabajo", sentenció Bejarano.
El concejal recordó que, sin el cumplimiento de requisitos como la denuncia previa o la flagrancia técnica, el sistema judicial está obligado a otorgar la libertad. “La ley penal tiene unos procedimientos claros, que deben cumplirse, como lo es que debe existir una denuncia previa o una captura en flagrancia. Si no se cumplen los requisitos establecidos en la ley, los presuntos delincuentes quedarán en libertad”, concluyó en su reacción.
Igualmente, el Gobierno nacional reconoció que el sistema enfrenta problemas de congestión y falta de coordinación entre la Policía y la Fiscalía. No obstante, el ministro Cuervo reiteró que la reincidencia no se combate únicamente con el encierro.
"Los metemos a la cárcel y vuelven y reinciden porque vuelven a sus propios contextos seguramente donde han sido objeto de violencia", concluyó, enfatizando que la cárcel debe ser la excepción y no la regla para delitos de bajo impacto social.