Tras la polémica que relaciona a la exreina de belleza Yeimy Paola Vargas Gómez con la presentación de un título técnico falso (espurio) para acreditar un perfil académico que no poseía, la Fiscalía destapó un presunto entramado de corrupción que salpica a las directivas del Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena (IPCC).
El escándalo, que se originó por la firma de un contrato de prestación de servicios en marzo de 2025 por 55 millones de pesos, escaló a nivel judicial tras demostrarse que la exreina utilizó el diploma falso para escalar de forma irregular en la tabla de honorarios de la entidad y cobrar un mejor sueldo.
Esta investigación, que ya vinculaba formalmente a Vargas Gómez, quien debió devolver más de 8.6 millones de pesos apropiados indebidamente, dio un importante giro con la judicialización de la exdirectora de la institución, Carmen Lucy Espinosa Díaz, señalada de haber avalado la contratación teniendo pleno conocimiento del fraude documental.
En la tarde de este jueves, 4 de junio, la Fiscalía le imputó cargos por su presunta responsabilidad en las irregularidades que rodearon la firma del contrato de prestación de servicios al interior de la entidad.
En medio de la audiencia, una fiscal de la Seccional Bolívar le atribuyó a la exfuncionaria los delitos de peculado por apropiación y falsedad en documento privado. Sin embargo, Espinosa Díaz no aceptó los cargos imputados.
¿Qué fue lo que ocurrió?
Ahora, la investigación penal señala que la exdirectora habría autorizado la celebración del contrato por valor de 55 millones de pesos con Yeimy Paola Vargas Gómez, bajo la premisa de que esta última cumplía con los requisitos de una titulación técnica. No obstante, el ente acusador demostró que el título académico presentado era espurio.
Con dicho documento falso, la contratista logró escalar de manera irregular en la tabla de honorarios fijada por el IPCC, accediendo a una mejor remuneración económica. De hecho, el material probatorio recopilado por la Unidad de Administración Pública de la Fiscalía indica que la entonces directora, al parecer, tenía pleno conocimiento de la falsedad del título.
Asimismo, establecieron que Jovanny de Jesús Bustos Cortés, también contratista de la institución presuntamente contribuyó a la ejecución de la conducta ilícita.
El contrato bajo la lupa del ente acusador fue suscrito en marzo de 2025 por un periodo inicial de nueve meses. Sin embargo, en agosto del mismo año, el compromiso laboral fue liquidado de mutuo acuerdo sin que se dejara ningún tipo de observación o salvedad en los documentos oficiales.
Esta omisión habría facilitado que Vargas Gómez se apropiara de forma indebida de $8.647.500 pesos. Por lo anterior, la Fiscalía aclaró que, en el marco del proceso, la contratista ya realizó la devolución total del dinero sustraído. Igualmente, por estos mismos hechos, tanto Vargas Gómez como Bustos Cortés ya habían sido imputados previamente por el organismo judicial.
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