La defensora del Pueblo, Iris Marín, advirtió en entrevista con Alerta Cartagena sobre el aumento del reclutamiento de menores en el departamento de Bolívar, una problemática que, según señaló, viene creciendo en medio de la disputa de grupos armados ilegales en el sur del territorio.
De acuerdo con las cifras entregadas por la entidad, en el año 2024 se registraron seis casos de reclutamiento forzado en el departamento, mientras que en 2025 la cifra subió a nueve casos verificados a través del llamado “botón de reclutamiento”, un sistema interno que documenta situaciones con alto nivel de confirmación.
Lo que más preocupa, explicó la funcionaria, es que aumentó el número de niñas reclutadas. En 2024, de los seis casos, cinco correspondieron a niños y uno a una niña. Sin embargo, en 2025, de los nueve casos reportados, cuatro son menores mujeres, lo que evidencia una expansión del fenómeno hacia poblaciones cada vez más vulnerables.
La defensora aseguró que estas cifras representan solo una parte del problema, ya que existe un alto subregistro, debido a que muchas familias no denuncian por miedo o porque viven en zonas rurales apartadas donde el acceso institucional es limitado.
El sur de Bolívar, especialmente municipios como Santa Rosa del Sur, Arenal, Cimití y Cantagallo, enfrenta una compleja situación de orden público por la presencia y disputa de estructuras armadas como el Clan del Golfo, el ELN y disidencias. Según explicó Marín, estas organizaciones no solo se enfrentan por el control territorial, sino también por economías ilegales como la minería ilegal y la extorsión.
Uno de los aspectos más delicados es que las nuevas dinámicas de reclutamiento no siempre implican que el menor sea sacado de su hogar. En algunos casos, los niños y adolescentes continúan viviendo con sus familias e incluso asistiendo al colegio, pero participan en actividades vinculadas al grupo armado, lo que dificulta la denuncia y normaliza la violencia.
“El reclutamiento es la negación del derecho a un buen futuro”, afirmó la defensora, al explicar que muchos menores terminan viendo en los grupos ilegales la única alternativa económica ante la falta de oportunidades, educación y acompañamiento estatal.
Marín insistió en que la respuesta no puede ser únicamente militar, sino que debe existir una política integral de protección a la infancia, que incluya educación, fortalecimiento familiar, inversión social y presencia institucional sostenida.
En cuanto a los canales de denuncia, recordó que la Defensoría del Pueblo cuenta con oficina en Cartagena y que la información suministrada por las familias es manejada con estricta reserva para garantizar su seguridad.
Al cierre de la entrevista, la defensora también se refirió a otras problemáticas que afectan al departamento. Reveló que en 2025 se practicaron 754 exámenes medicolegales por presunto delito sexual en Bolívar, de los cuales 641 corresponden a menores de edad y 113 a mujeres adultas, evidenciando la gravedad de la violencia de género en la región.
Asimismo, alertó sobre los riesgos electorales en la subregión Caribe, donde la Defensoría ha identificado presiones de grupos armados que podrían afectar la libertad del voto. Indicó que, aunque se han emitido recomendaciones a las autoridades, solo el 42% han sido cumplidas, lo que mantiene en riesgo a varias comunidades.
La funcionaria hizo un llamado a las autoridades nacionales y territoriales para fortalecer la presencia institucional en las zonas más vulnerables y garantizar que niños, niñas y adolescentes puedan construir un proyecto de vida lejos de la violencia.
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