La Agencia Nacional de Tierras (ANT) tendrá cinco días para emitir una decisión de fondo sobre el procedimiento agrario relacionado con el predio Texas, ubicado en San Jacinto, Bolívar, cuya situación ha generado una controversia entre la Asociación de Productores Diversos El Bongal (ASOPRODIBON) y otros campesinos, que empezaron a trabajar la tierra de este predio, aparentemente por la desinformación legal sobre el mismo.
La orden se produce luego de que la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena revocara un fallo de primera instancia y concediera el amparo solicitado por ASOPRODIBON, El Tribunal determinó que la ANT había prolongado de manera injustificada la definición del procedimiento y, con ello, vulneró el derecho fundamental al debido proceso administrativo de esta comunidad campesina.
¿Cómo llegó el caso al Tribunal?
La decisión de segunda instancia se produjo después de una impugnación presentada exclusivamente por la Procuraduría General de la Nación, luego de que el juez de primera instancia negara el amparo al considerar que existían otros mecanismos judiciales para resolver la situación. Sin embargo, el Ministerio Público sostuvo que el problema no estaba relacionado únicamente con un conflicto entre organizaciones campesinas. Para la Procuraduría, la principal dificultad era que la ANT llevaba un tiempo prolongado sin adoptar una decisión de fondo sobre el procedimiento agrario relacionado con el predio.
El organismo señaló además que ASOPRODIBON es una comunidad campesina reconocida como sujeto de especial protección constitucional, por lo que la falta de una respuesta oportuna de la entidad podría comprometer sus derechos fundamentales.
¿Qué dijo el Tribunal sobre la demora de la ANT?
Al estudiar la impugnación, el Tribunal coincidió con los argumentos planteados por la Procuraduría y señaló que el procedimiento continuaba sin una definición, pese a que la ANT había superado ampliamente los términos legales establecidos para tomar una decisión. La corporación judicial también consideró que, ante la falta de una respuesta de fondo por parte de la Agencia, no podía afirmarse que existieran otros mecanismos ordinarios que fueran realmente eficaces para proteger los derechos fundamentales de la comunidad.
Por esta razón, el Tribunal concedió el amparo y ordenó a la ANT emitir una decisión de fondo dentro de los cinco días establecidos en el fallo. Otro de los aspectos señalados por la Procuraduría fue que la Agencia Nacional de Tierras no presentó el informe solicitado por el juez durante el trámite de tutela.
Según el Ministerio Público, esta omisión desconoció el deber de colaboración con la administración de justicia y se convirtió en uno de los elementos considerados dentro del análisis del caso.
Procuraduría advierte una problemática nacional
Para la Procuraduría, el caso de ASOPRODIBON no sería un hecho aislado. La Procuraduría Delegada para Asuntos Ambientales, Minero Energéticos y Agrarios señaló que ha identificado situaciones similares en diferentes departamentos del país, donde comunidades campesinas han tenido que acudir a acciones de tutela ante la falta de decisiones oportunas de la ANT o frente a actuaciones administrativas que no se ajustan a los términos establecidos. El organismo de control advirtió que estas situaciones terminan trasladando a los jueces la solución de trámites agrarios que deberían avanzar y resolverse dentro de los plazos establecidos por la ley.
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