La evasión en el cobro de derechos de ingreso al Parque Nacional Natural Corales del Rosario y de San Bernardo por parte de embarcaciones informales y marinas privadas en Cartagena llevó al gobierno distrital y al Gobierno nacional a estructurar el denominado Comité Pro-Islas, una instancia interinstitucional orientada a reordenar los desembarcaderos y controlar el flujo de visitantes hacia la zona insular.
La estrategia surge tras una reunión de trabajo entre el alcalde de Cartagena, Dumek Turbay Paz, y la directora de Parques Nacionales Naturales de Colombia (PNN), Sandra Bessudo.
Durante el encuentro se evidenció que, a diferencia del Muelle de La Bodeguita, donde el impuesto de muelle e ingreso es obligatorio e incluye póliza de accidentes, desde decenas de marinas privadas zarpan diariamente cientos de embarcaciones hacia Barú e Islas del Rosario sin realizar este recaudo, privando a PNN de recursos claves para la conservación de ecosistemas sensibles como los arrecifes de coral y pastos marinos.
Para corregir esta fuga de fondos y reducir la sobrecarga turística, el nuevo comité, integrado por el Distrito, el Ministerio de Ambiente, PNN, la Dirección Marítima (Dimar), Cardique, la Agencia Nacional de Tierras y representantes comunitarios, iniciará reuniones de trabajo a mediados de octubre para fijar una caracterización inicial que restrinja el número de marinas autorizadas para el transporte de pasajeros.
Respecto al objetivo de ampliar el rango de fiscalización a toda la infraestructura portuaria menor de la ciudad, el alcalde Dumek Turbay explicó que, “el Comité Pro Islas busca fortalecer el cobro del impuesto para ir a los parques naturales. Que no solo se cobre en La Bodeguita, sino que se fortalezca el control y la logística para que se cobre en todas las marinas de Cartagena”.
Y agregó: “la Dimar controla todos los espacios de zarpe de embarcaciones para que haya cobros legales, y esto se traduca en recursos para Parques Nacionales Naturales y haya reinversión en la protección de los ecosistemas”.
Asimismo, la mesa interinstitucional alista la redacción de un convenio para endurecer la exigencia de seguros, permisos ambientales y regulación de licencias a agencias de viajes, hoteles, operadores náuticos y arrendadores de vehículos marítimos.
Frente al impacto de estas medidas en la protección de la biodiversidad marina y el ordenamiento territorial en el marco de la estrategia de BiodiverCiudades, Turbay concluyó lo siguiente:
“Ser BiodiverCiudad no puede quedarse en un anuncio oficial. Tiene que convertirse en decisiones, inversiones y acciones concretas para proteger la riqueza natural que tenemos. Cartagena no termina en su centro histórico ni en su zona continental: tenemos un territorio insular extraordinario, parques, arrecifes, manglares, playas, pastos marinos y ecosistemas que debemos proteger y, al mismo tiempo, convertir en una oportunidad para nuestras comunidades”.
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