La situación de orden público en el sur de Bolívar vuelve a encender las alarmas por el desplazamiento forzado de familias campesinas, especialmente en el municipio de Arenal del Sur, donde comunidades rurales han tenido que abandonar sus territorios ante el recrudecimiento de los enfrentamientos armados.
De acuerdo con información conocida por las autoridades locales y departamentales, al menos 60 personas han llegado en los últimos días al casco urbano de Arenal, luego de salir de veredas y corregimientos como San Agustín, Santo Domingo y sectores de la parte alta del municipio, una zona históricamente golpeada por la disputa de grupos armados ilegales. Así lo confirmó Manuel Berrio, secretario de Seguridad de Bolívar a La FM.
Un líder social del territorio, que pidió reserva de su identidad por razones de seguridad, aseguró que el desplazamiento comenzó hace varios días, cuando la población empezó a percibir un aumento de los combates y amenazas directas contra civiles.
“Hace tres días se comenzó a ver el desplazamiento del personal que está en el cañón de la quebrada Arenal, en la parte alta del municipio. Algunas personas están en el corregimiento de Santo Domingo, otras regresaron al casco urbano de Arenal y otras se desplazaron hacia el corregimiento de La Garita, en Norosí. Hay familias que aún no han podido salir de la zona”, relató el líder.
Según el testimonio, la decisión de abandonar las viviendas no fue voluntaria, sino una medida de supervivencia ante el temor de quedar en medio de enfrentamientos armados.
“La gente se está yendo por el tema de orden público. Hay combates y ráfagas de fusil. Muchos prefieren salir para no quedar en medio de los enfrentamientos. Aquí uno cuida la vida porque la situación está muy peligrosa”, añadió.
Desde el nivel departamental, Manuel, funcionario de la Gobernación de Bolívar, confirmó que el desplazamiento estaría relacionado con una nueva ofensiva armada en la zona.
“Al parecer, el ELN ha llegado con refuerzos al territorio e inició una ofensiva en contra del Ejército Gaitanista de Colombia. Esto ha significado una amenaza directa contra la población civil, lo que ha obligado a estas familias a desplazarse desde la zona rural hacia el casco urbano de Arenal”, explicó.
Las personas desplazadas, según las autoridades, fueron inicialmente ubicadas en un albergue temporal, aunque posteriormente muchas se trasladaron a casas de familiares y conocidos, debido a la limitada capacidad de atención del municipio.
“En este momento la alcaldía ha podido atender la situación, pero si el desplazamiento continúa, vamos a sobrepasar las capacidades administrativas tanto del municipio como del departamento, como ya viene ocurriendo en otras zonas del sur de Bolívar”, advirtió Manuel.
El funcionario también alertó sobre la pérdida de control institucional en amplios sectores del departamento, donde la presencia del Estado se ha visto reducida frente al avance de las estructuras armadas ilegales.
“Tenemos varias zonas donde se ha perdido el control territorial: áreas rurales de Montecristo, Santa Rosa del Sur, San Jacinto del Cauca, Cimití, Cantagallo, Norosí y Río Viejo. Esta información ya fue comunicada al Ministerio de Defensa y al presidente de la República”, señaló.
En ese mismo contexto de violencia, el gobernador de Bolívar, junto con los alcaldes de los municipios más afectados, envió una carta formal a la Presidencia de la República, a principios de enero de 2026, solicitando medidas urgentes para reforzar la seguridad y atender la crisis humanitaria en el sur del departamento. Sin embargo, hasta ahora no se ha materializado una respuesta concreta. Hubo una convocatoria a un consejo de seguridad el próximo 7 de febrero por parte del Ministerio de Defensa, sin embargo, este fue cancelado por agenda del ministro.
Mientras tanto, las comunidades siguen denunciando que los combates continúan y que el temor persiste, en una región donde el control territorial, la minería ilegal y la confrontación armada siguen poniendo en riesgo a la población civil.
Las autoridades locales reiteraron el llamado al Gobierno Nacional para que se adopten acciones urgentes de protección, asistencia humanitaria y seguridad, antes de que el desplazamiento forzado se extienda a más municipios del sur de Bolívar.
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