El Juzgado Octavo Administrativo de Cartagena ordenó indemnizar a más de 6.000 habitantes de la vereda Membrillal por daños ambientales, a la salud, morales y materiales que, según la sentencia, han sufrido estas comunidades durante años por su cercanía al sector industrial.
La decisión involucra a Ecopetrol, Reficar, Cementos Argos, varios ministerios, entre ellos el de Minas y Energía, y otros entes como la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), el Servicio Geológico Colombiano, Cardique, Aguas de Cartagena, la Gobernación de Bolívar y el Distrito de Cartagena.
Según el fallo, cada habitante afectado deberá recibir una indemnización equivalente a 80 salarios mínimos por daños morales y otros 60 salarios mínimos por daños a la salud. La sentencia también reconoce perjuicios materiales para unos 950 propietarios o poseedores de inmuebles, calculados según las características y el valor de cada predio.
Entre los elementos que tuvo en cuenta el juzgado están la contaminación relacionada con las actividades del complejo industrial de Mamonal, las emisiones de gases y material particulado, el ruido, el fenómeno de volcanismo de lodo que afecta a Membrillal, además de la falta de saneamiento básico y los problemas relacionados con el suministro de agua.
La sentencia también cuestiona la falta de actualización del ordenamiento territorial de Cartagena y señala que durante años no se incorporaron adecuadamente los riesgos geológicos de la zona. Además, indica que varias acciones previstas en un plan distrital para atender la problemática de Membrillal no fueron ejecutadas.
El fallo contempla además medidas relacionadas con la reubicación de la comunidad y ordena adelantar estudios sobre el riesgo geológico para definir las acciones que deberán tomarse en el territorio.
Por otra parte, se conoció que el abogado Luis Alfonso Correa Martínez, representante del grupo demandante, anunció que apelará algunos puntos de la decisión del juzgado, entre ellos la absolución de las empresas Lhosit Colombia, Mexichem Resinas y Corvivienda, así como la forma en que fueron calculados algunos perjuicios materiales.
La decisión representa un nuevo capítulo en el proceso judicial que busca establecer responsabilidades frente a la situación que durante años ha afectado a los habitantes de Membrillal.
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