El vocero del comité ciudadano que lidera la oposición al peaje de Turbaco volvió a expresar su inconformidad frente a lo que considera una falta de voluntad política por parte del Gobierno Nacional para resolver de manera definitiva esta problemática que, desde hace años, afecta a miles de habitantes del municipio y de municipios vecinos del norte de Bolívar.
Durante su pronunciamiento, el vocero recordó que la lucha contra el peaje no es reciente y que ya supera los cuatro años de manifestaciones, mesas de diálogo y solicitudes formales ante distintas entidades del orden nacional. Aseguró que, pese a los múltiples compromisos anunciados en distintos escenarios, la comunidad no ha visto avances concretos ni decisiones de fondo que permitan aliviar la carga económica que representa este cobro diario para trabajadores, comerciantes y transportadores.
Uno de los puntos centrales abordados fue el incumplimiento de las promesas hechas durante la campaña presidencial, cuando —según indicó— se habló de alternativas como la reubicación del peaje, la implementación de tarifas diferenciales y la adopción de medidas sociales para mitigar el impacto en la población. Para el vocero, estos anuncios generaron expectativas en la ciudadanía, pero con el paso del tiempo quedaron reducidos a simples declaraciones sin ejecución.
El líder comunitario también cuestionó la manera en que se ha manejado el contrato de concesión, señalando que este continúa vigente sin modificaciones sustanciales, lo que mantiene el cobro activo y prolonga un conflicto que, a su juicio, ya es socialmente insostenible. Advirtió que, de no tomarse decisiones claras en el corto plazo, el problema podría ser trasladado al próximo gobierno, perpetuando una situación que ha generado tensiones constantes entre la comunidad y las autoridades.
Otro de los aspectos señalados fue el impacto del peaje en la economía local. El vocero aseguró que muchos habitantes deben destinar parte significativa de sus ingresos solo para movilizarse dentro de su propio territorio, lo que afecta la productividad, encarece el transporte y limita el acceso a oportunidades laborales y educativas.
Finalmente, reiteró que el comité ciudadano mantendrá su postura de exigir una solución estructural y definitiva, insistiendo en que el peaje, en su ubicación actual, no responde a criterios de equidad ni justicia social. Asimismo, hizo un llamado a las autoridades nacionales para que escuchen a la comunidad y cumplan los compromisos adquiridos, evitando que el conflicto siga escalando y afectando la convivencia en Turbaco y sus alrededores.
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