Cartagena podría recibir una mayor proporción de los recursos que genera su actividad portuaria si avanza en el Congreso un proyecto de ley que busca modificar la distribución de las contraprestaciones que pagan los puertos del país.
La iniciativa plantea que el 50 % de estos recursos quede en las regiones portuarias, distribuido en un 30 % para los municipios o distritos y un 20 % para los departamentos. El otro 50 % continuaría en manos de la Nación.
Actualmente, en el componente correspondiente al uso de zonas públicas, el esquema destina el 80 % a la Nación y el 20 % a los municipios o distritos, mientras que los departamentos no tienen participación. En el caso de los recursos correspondientes a infraestructura, estos llegan en su totalidad al nivel nacional.
La propuesta fue socializada en Cartagena durante un encuentro en el que participaron representantes de la bancada de Bolívar, empresarios, líderes comunitarios y funcionarios de las administraciones distrital y departamental. La iniciativa es impulsada por la senadora Nadia Blel, junto con otros congresistas del Partido Conservador.
¿Cuánto aporta Cartagena por contraprestaciones portuarias?
Uno de los argumentos presentados durante el encuentro fueron las cifras correspondientes a Cartagena. Entre 2020 y 2025, las terminales de la ciudad aportaron más de $114.000 millones, equivalentes al 36,6 % del recaudo nacional por contraprestaciones portuarias, según los datos presentados durante la socialización.
En ese mismo periodo, se indicó que Invías ejecutó cerca de $4.903 millones en Bolívar, cifra equivalente al 4,3 % de lo aportado por las terminales de Cartagena.
De aprobarse el proyecto, los recursos que lleguen directamente a municipios, distritos y departamentos tendrían destinación para infraestructura, inversión social, proyectos ambientales, competitividad y obras relacionadas con la mitigación del cambio climático.
La senadora Nadia Blel explicó que el objetivo es que los territorios portuarios tengan una mayor participación en los recursos producidos por esta actividad.
“Lo que buscamos es que, a partir de este proyecto, una vez sea aprobado, los municipios reciban el 30 % y los departamentos de las zonas portuarias reciban el 20 %” (sic)
Comunidades piden que los recursos lleguen a los barrios
La discusión no se concentró únicamente en cuánto dinero podría regresar a Cartagena. Líderes de sectores cercanos a la actividad industrial y portuaria pidieron que, en caso de aprobarse la iniciativa, los recursos tengan efectos concretos en los barrios.
Rocío Atencio, presidenta de la Junta de Acción Comunal del barrio 20 de Julio, sostuvo que actualmente las comunidades no perciben suficientemente la inversión derivada de estos recursos. Mencionó las necesidades de sectores como Bellavista, Antonio José de Sucre, Libertadores, Río Elba y Albornoz, particularmente por el deterioro de escenarios deportivos.
“De la misma manera que vamos a defender esos recursos en Bogotá, los vamos a defender aquí. Y que la inversión se vea dentro de nuestras comunidades”, manifestó Atencio.
Una posición similar planteó Rafael Acosta Pérez, presidente de la Junta de Acción Comunal de Ceballos y de Asojac. El dirigente comunal señaló que en varios sectores de la zona industrial persisten problemas de infraestructura que van desde vías sin andenes hasta desbordamientos de aguas residuales.
Acosta también puso sobre la mesa la falta de espacios deportivos, culturales y comunitarios. Según explicó, algunas comunidades incluso tienen dificultades para encontrar lugares donde puedan desarrollarse talleres de formación para jóvenes.
“No hay una infraestructura social que permita que nuestros jóvenes crezcan en entornos saludables” (sic)
Para el dirigente, una eventual redistribución debería servir no solamente para ejecutar obras viales, sino también para impulsar una transformación social en sectores como Ceballos, Policarpa, Albornoz y Arroz Barato.
¿Cómo se vigilaría el uso de las contraprestaciones?
Otro de los puntos contemplados por la iniciativa es el seguimiento a los recursos que recibirían los territorios. Según explicó Blel, alcaldes y gobernadores tendrían que presentar informes periódicos al Congreso sobre la destinación del dinero.
La senadora sostuvo que la intención es que los recursos sean utilizados en infraestructura, competitividad, protección ambiental e inversión social, y que las comunidades también puedan hacer seguimiento a su ejecución.
El proyecto ya fue radicado y deberá superar cuatro debates en el Congreso antes de convertirse en ley. Actualmente se encuentra en la Comisión Tercera de la Cámara de Representantes, según confirmó la propia congresista durante la entrevista y registra la ficha oficial del Legislativo.
La iniciativa está identificada oficialmente como Proyecto de Ley 161 de 2026 Cámara y fue radicada el pasado 30 de julio. Su objeto es redistribuir las contraprestaciones derivadas tanto del uso exclusivo de zonas de uso público como de la infraestructura portuaria.
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