Cartagena está a punto de cerrar uno de los capítulos más debatidos de su historia turística: el uso de caballos en coches turísticos. A pocos días de que comiencen a circular los primeros coches eléctricos en el Centro Histórico, el alcalde Dumek Turbay Paz decidió dar un paso adicional para garantizar que esta transición no tenga retrocesos.
El mandatario presentó ante la Corte Constitucional una acción pública de inconstitucionalidad contra un apartado de la Ley 2138 de 2021, al considerar que deja una laguna jurídica que permitiría seguir usando vehículos de tracción animal con fines turísticos en el país.
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La norma en cuestión exceptúa a las actividades turísticas de la obligación de sustituir este tipo de vehículos, una situación que, según el Distrito, contradice el avance en protección animal y desconoce que hoy existen alternativas tecnológicas limpias y viables.
Cartagena, durante años, fue escenario de denuncias por maltrato animal, con caballos sometidos a extensas jornadas bajo el sol, sobre el asfalto caliente y en medio del tráfico. Para la administración distrital, mantener esta práctica no solo es innecesario, sino evitable.
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El alcalde explicó que, si bien la ley contempla excepciones para actividades agrarias, pecuarias o deportivas, donde existe una relación directa con el entorno natural, el turismo no cumple con esas condiciones. Por el contrario, se trata de una actividad económica organizada, con fines lucrativos y con capacidad de adaptarse a nuevos modelos de movilidad.
Desde la Oficina Jurídica del Distrito, encabezada por Milton Pereira, se argumenta que permitir la tracción animal en el turismo carece de justificación constitucional. El uso de caballos responde más a decisiones de mercadeo y tradición que a una necesidad real, y su permanencia implica sufrimiento evitable.
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La demanda sostiene que la ley vulnera principios constitucionales al no establecer estándares mínimos de bienestar animal, ni límites claros para superar progresivamente esta práctica. Esto, según el Distrito, abre la puerta a una regresión en materia de derechos de los animales.
La administración distrital recordó que la Corte Constitucional ha sido clara en su jurisprudencia: los animales son seres sintientes, y el Estado tiene el deber de evitar su sufrimiento cuando existen alternativas. Fallos anteriores han avalado la eliminación progresiva de la tracción animal, siempre que vaya acompañada de programas de sustitución y protección social.
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En ese contexto, Cartagena avanza con la implementación de 62 coches eléctricos, una flota que busca modernizar el turismo, reducir el impacto ambiental y poner fin a una práctica ampliamente cuestionada por ciudadanos y visitantes.
Con esta acción jurídica, el alcalde Dumek Turbay busca blindar el proceso y evitar que ambigüedades legales frenen un cambio que, para muchos, ya era una deuda histórica con la ciudad y con los animales.
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La decisión ahora queda en manos de la Corte Constitucional, que deberá definir si el turismo puede seguir siendo una excepción o si, por el contrario, debe alinearse con el principio de protección animal y desarrollo sostenible que hoy marca el rumbo de Cartagena.
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