El Juzgado Trece Penal Municipal con Funciones de Conocimiento de Cartagena negó una acción de tutela interpuesta contra la Alcaldía Distrital por el desarrollo del megaproyecto vial Intercambiador de La Carolina, al considerar que no cumplía con los requisitos legales para su procedencia.
La decisión, emitida el 17 de marzo, concluyó que el recurso no era el mecanismo adecuado para reclamar una eventual indemnización ni para controvertir actuaciones administrativas relacionadas con la ejecución de obras públicas.
La tutela había sido presentada por un ciudadano que alegó vulneración al debido proceso tras la intervención de un predio en el marco de las obras. Según su argumentación, no fue notificado previamente ni se adelantaron los procedimientos correspondientes de expropiación.
Sin embargo, el despacho judicial determinó que el accionante no acreditó la titularidad del inmueble mediante un título debidamente registrado, lo que impide establecer legitimación para reclamar derechos sobre el predio. Además, señaló que existen otras vías judiciales idóneas para tramitar este tipo de controversias.
En el fallo también se descartó una posible vulneración al derecho de petición, al no evidenciarse solicitudes formales previas dirigidas a la administración distrital.
Desde la Oficina Asesora Jurídica de Cartagena indicaron que la decisión respalda la legalidad del proceso administrativo adelantado en el proyecto vial, el cual hace parte de las intervenciones de infraestructura en el suroriente de la ciudad.
Por su parte, la Secretaría de Infraestructura reportó avances en la ejecución de la obra. A corte del 20 de marzo, se inició la aplicación de carpeta asfáltica en el tramo que conecta los sectores Territorio Mío y Parque Heredia, con los primeros 100 metros intervenidos.
El Intercambiador de La Carolina contempla una vía de aproximadamente 690 metros y busca mejorar la conectividad en zonas de expansión urbana de Cartagena.
En su análisis, el juez acogió la defensa de la Oficina Asesora Jurídica del Distrito de Cartagena, ratificando la legalidad en el proceder administrativo de las obras viales que se adelantan en el sector.