Aguas de Cartagena respondió este 16 de julio a la citación que recibió por parte de la Alcaldía Mayor de Cartagena para una audiencia de incumplimiento contractual, con miras a declarar la caducidad del contrato de acueducto y alcantarillado que la empresa opera en la ciudad desde hace 31 años.
La solicitud del Distrito se da en medio de un proceso más amplio que busca transformar la prestación de los servicios públicos en Cartagena. La Alcaldía radicó recientemente ante el Concejo un proyecto de acuerdo para crear una Empresa Oficial de Servicios Públicos, de capital cien por ciento público, que asumiría de manera gradual el manejo del agua potable, el alcantarillado y el aseo en la ciudad, con el acompañamiento técnico de Empresas Públicas de Medellín (EPM).
Aunque el contrato de Acuacar sigue vigente hasta 2034, la administración distrital ha señalado en las últimas semanas que evalúa alternativas jurídicas para una terminación anticipada, en medio del descontento ciudadano por los racionamientos de agua que se extendieron por más de un mes en distintos sectores de la ciudad antes de ser suspendidos por orden del Tribunal Administrativo de Bolívar.
¿Qué respondió Acuacar sobre la posible caducidad del contrato?
En su comunicado, la empresa negó que exista algún incumplimiento que ponga en riesgo la prestación del servicio, requisito que, según explicó, es indispensable para que proceda una declaratoria de caducidad. Acuacar sostuvo que cuenta con evidencia verificable de su desempeño, y citó su Índice Único Sectorial, calculado por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, que se ubica en 94.39%, uno de los más altos del país.
La compañía añadió que las inversiones contractuales a su cargo se están ejecutando con normalidad, y atribuyó los retos del servicio al acelerado crecimiento poblacional de Cartagena y a los asentamientos informales que no estaban contemplados en la planeación original del sistema.
Acuacar también advirtió sobre las implicaciones económicas que tendría una eventual caducidad, teniendo en cuenta que el Distrito es propietario del 50% de la empresa. Según el comunicado, cualquier decisión que afecte el valor de la compañía repercutiría en la misma proporción sobre el patrimonio público de los cartageneros, motivo por el cual pidió que ese impacto sea cuantificado antes de avanzar en el proceso.
La compañía planteó que el debate sobre el modelo de prestación de los servicios públicos en la ciudad es legítimo, pero insistió en que debe desarrollarse de cara a la ciudadanía, con indicadores técnicos verificables y por los cauces legales, contractuales y estatutarios establecidos. Acuacar afirmó que siempre ha puesto a disposición de las autoridades y de la opinión pública su información técnica, financiera y operativa.
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