Cartagena dio un paso definitivo hacia la movilidad sostenible y la protección animal. El Juzgado Décimo Segundo Penal Municipal declaró improcedente una acción de tutela interpuesta por un grupo de cocheros que buscaba frenar la implementación de carrozas eléctricas en el Centro Histórico, ratificando la legalidad del proceso liderado por la Alcaldía de Cartagena.
La decisión, emitida el 14 de enero de 2026, fue respaldada por la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo, entidades que coincidieron en que no hubo vulneración de derechos fundamentales y que los reclamos presentados no podían resolverse a través de este mecanismo judicial.
La tutela fue presentada por varios conductores de coches de tracción animal, quienes alegaban afectaciones a su derecho al trabajo, al mínimo vital y al debido proceso, además de exigir indemnizaciones económicas que no hacen parte de los acuerdos establecidos con el Distrito en el proceso de sustitución.
El juez fue claro al señalar que las controversias relacionadas con decretos como el 2258 de 2025, que regula la circulación de las carrozas eléctricas, deben tramitarse ante la jurisdicción administrativa, y no mediante tutela. Además, indicó que no se demostró un perjuicio irremediable que justificara una intervención urgente.
Uno de los puntos centrales del debate fue la exigencia de nuevos requisitos para operar las 62 carrozas eléctricas, como conocimientos básicos de inglés, atención al cliente y licencia de conducción vigente. Para los accionantes, estas condiciones representan una barrera; sin embargo, el juzgado concluyó que hacen parte del proceso de modernización del turismo y de la profesionalización del servicio, en línea con las normas nacionales.
Desde la administración distrital, el alcalde Dumek Turbay Paz celebró el fallo y reiteró que el proceso nunca ha buscado afectar a las familias que dependían de esta actividad. “Siempre hemos estado abiertos al diálogo y a garantizar alternativas laborales para los cocheros y sus familias. Pero Cartagena no puede seguir anclada a prácticas que implican maltrato animal”, afirmó.
La sentencia también destacó que los demandantes no lograron probar una relación laboral directa con el Distrito ni condiciones que los ubicaran como sujetos de especial protección constitucional, lo que debilitó sus argumentos jurídicos.
Durante el proceso, la Procuraduría solicitó su desvinculación al considerar que no tenía responsabilidad directa en la ejecución del proyecto, mientras que la Defensoría del Pueblo mantuvo su participación para vigilar que la transición no afecte el sustento de las familias involucradas.
Alerta Bogotá en Google News