Este lunes, se conoció que la Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias formalizó ante el Consejo de Estado una Demanda de Nulidad Simple en contra de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG).
La acción judicial, radicada por el alcalde Dumek José Turbay Paz en representación de los habitantes del Distrito, busca tumbar los recargos tarifarios derivados del programa transitorio de incentivos y desincentivos al consumo de energía eléctrica.
El centro de la controversia judicial
La demanda ataca de manera directa la Resolución CREG 101 126 del 21 de agosto de 2026, norma que ajustó el calendario y las condiciones del esquema sancionatorio por consumo excedente de energía en el país, adoptado inicialmente tras la declaración de desastre nacional por el sismo de magnitud 7,4 con epicentro en Chocó.
El Distrito solicitó declarar la nulidad parcial y/o total de la norma y exige una medida correctiva que obligue a la CREG a abstenerse de aplicar sobrecostos por consumo a los usuarios regulados de la ciudad.
El concepto de violación presentado ante el alto tribunal contencioso administrativo se fundamenta en tres ejes principales:
Vulneración del Principio de Igualdad Material (Art. 13 C.P.)
La demanda recrimina a la CREG imponer metas uniformes de reducción de consumo sin considerar que las condiciones de calor y humedad en la costa Caribe generan un consumo rígido y obligatorio para refrigeración y ventilación básica. El escrito cuestiona que la CREG sí reconoció excepciones territoriales para los municipios afectados por el sismo, pero omitió dar un trato diferenciado a las regiones con climas cálidos extremas permanentes.
Violación de la Justicia Tarifaria y Razonabilidad
Se argumenta que resulta irrazonable penalizar económicamente a los usuarios cuando la reducción del consumo no depende únicamente de la voluntad de ahorro individual, sino de condiciones bioclimáticas indispensables para la habitabilidad básica.
Riesgo de Alteración del Orden Público
La acción advierte que recargar el costo de la energía eléctrica, un servicio público esencial en una población golpeada históricamente por altas tarifas, puede desatar tensiones sociales e impactar gravemente la economía de las familias más vulnerables.
Solicitud de suspensión provisional
Como medida cautelar de urgencia, la Alcaldía de Cartagena solicitó la suspensión provisional de los efectos de la Resolución CREG 101 126 de 2026 para el territorio distrital.
El pedido de medida cautelar se ampara bajo las figuras de:
- Fumus Boni Iuris (Apariencia de buen derecho): Demostrado en la omisión de las realidades climáticas y territoriales frente al mandato de trato igualitario.
- Periculum in Mora (Peligro en la demora): El impacto económico acumulativo y los cobros adicionales inmediatos que sufrirán las familias cartageneras mientras se resuelve de fondo la demanda en el Consejo de Estado.
Dado que la demanda fue radicada el 11 de septiembre de 2026 y se encuentra en etapa inicial ante el Consejo de Estado, el expediente aún no cuenta con un fallo, auto de admisión o decisión sobre la medida cautelar. Por esta razón, el escrito corresponde a la postura y argumentos expuestos por la parte demandante en su libelo inicial.
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